Un juez absolvió a los policías, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) no pudo comprobar que presuntamente los hayan entregado a un grupo criminal, ni que los hayan amenazado.

Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.

Los hechos

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.

Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.

Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.

“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.

Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa, “pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.

En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.

“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.

Desde entonces se desconocía su paradero, hasta que, días después, sus restos fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Escoplo.

La Plataforma urgió al Estado a detener el patrón sistemático de desapariciones forzadas con presunta participación policial y exigió investigaciones serias, justicia para las víctimas y cero tolerancia a la complicidad institucional.

Organizaciones civiles como la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato cuestionaron la actuación del sistema de justicia, señalando omisiones tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. “Una vez más, las víctimas son revictimizadas y los responsables quedan impunes”, afirmó la agrupación.